David Racero, congresista cercano al presidente Gustavo Petro y defensor activo de la consulta popular de reformas laborales, se encuentra en el centro de la polémica tras la revelación de audios y chats publicados por el periodista Daniel Coronell. En los registros se escucha a Racero ofreciendo un puesto de cajera en su fruver (mercado de frutas y verduras) con una jornada de 13 horas diarias durante seis días a la semana, lo que suma 78 horas semanales. El salario para el cargo es de un millón de pesos colombianos mensuales (alrededor de 239 dólares según la tasa de cambio actual), sin prestaciones sociales, a pesar de que la ley estipula la obligatoriedad de estas cuando existe un contrato laboral.
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La jornada laboral legal en Colombia era de 48 horas semanales hasta 2023, con una reducción programada a 42 horas por semana que entrará en plena vigencia en julio de 2026. Por su parte, el salario mínimo nacional solo equivalía a un millón de pesos en 2022 y desde entonces ha aumentado. Racero también es señalado de emplear a un conductor del Congreso, pagado por el Estado, para atender labores personales en su establecimiento comercial.
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Nuevos audios muestran además que Racero pretendía contratar a una mujer con experiencia en manipulación de alimentos y tareas múltiples, incluyendo limpieza y preparación de productos en el negocio familiar. Paralelamente, las grabaciones y mensajes filtrados sugieren que Racero buscaba establecer redes de confianza en entidades estatales como el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y Colombia Compra Eficiente, promoviendo la vinculación de allegados para ocupar cargos clave.
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En otra conversación, Racero dialoga con Stalin Ballesteros, exdirector de Colombia Compra Eficiente, sobre el posible intercambio de favores, contemplando la entrega de una subdirección a cambio de una vicepresidencia en una aseguradora.
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Las denuncias surgieron en un contexto donde el gobierno nacional procura revivir la reforma laboral para fortalecer los derechos de los trabajadores. Racero ha sido uno de los principales voceros en defensa de la propuesta, enfrentándose a quienes se han mostrado en contra de la consulta popular impulsada por el Ejecutivo.
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La Procuraduría General de la Nación comunicó la apertura de una indagación previa contra Racero por las denuncias de clientelismo y precarización. Como respuesta, el congresista difundió un comunicado sin entrar en detalles sobre las acusaciones. Racero aseguró estar preocupado por lo que consideró una filtración de información falsa y la supuesta vulneración a su privacidad, añadiendo que su familia tuvo un emprendimiento durante la pandemia que fue liquidado posteriormente.
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El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, señaló que las denuncias sobre explotación laboral serán investigadas dentro del marco de la discusión de la reforma laboral. El caso avivó las críticas en torno a la congruencia de los defensores del proyecto gubernamental respecto a las condiciones laborales en el país.