La Comisión Cuarta del Senado de Colombia aprobó el 27 de mayo de 2025 la reforma laboral propuesta por el gobierno del presidente Gustavo Petro, en una sesión nocturna previa al paro nacional llamado por las centrales obreras. La iniciativa, que había sido rechazada anteriormente por la comisión, logró esta vez 13 votos a favor y únicamente 2 en contra; ambos votos negativos correspondieron a senadores del Centro Democrático, en un contexto de consenso amplio que sumó a legisladores del Pacto Histórico, el Partido Liberal y el Partido Conservador.

La reforma incluye un aumento en el pago por trabajo en días festivos y dominicales, que eleva el recargo del 75% al 100%, impactando a todos los trabajadores que laboren en estas fechas. En cuanto a la jornada laboral, el recargo nocturno iniciará ahora a las 7:00 p.m. en lugar de las 9:00 p.m., aplicando esta medida a empresas de todos los tamaños, incluidas micro y pequeñas.

Respecto a los contratos de aprendizaje, los estudiantes del SENA recibirán un salario mínimo durante la fase práctica y el 75% de ese salario en la etapa lectiva, junto con acceso a prestaciones sociales. Para la jornada diurna, se precisa que abarcará desde las 6:00 a.m. hasta las 7:00 p.m., una hora más de lo que inicialmente proponía el Ejecutivo.

La regulación sobre contratos a término fijo establece que solo podrán tener una duración máxima de cinco años, después de los cuales se convertirán automáticamente en contratos a término indefinido si se supera ese período. En el proceso de discusión, se eliminó el artículo 67, que prohibía los contratos sindicales, un ajuste que representó un revés parcial para algunos de los objetivos del gobierno.

De los 75 artículos presentados en la propuesta, 69 fueron aprobados. La reforma ahora debe ser discutida en la plenaria del Senado antes del 20 de junio de 2025. El gobierno no cuenta con mayorías claras en esa instancia, por lo que se prevén debates intensos, especialmente en los puntos que han generado mayor controversia.

El presidente Gustavo Petro insistió, tras la aprobación en comisión, en la posibilidad de una consulta popular si no se alcanzan resultados satisfactorios en la plenaria, reflejando que el trámite legislativo aún puede implicar modificaciones importantes a la propuesta.

Este avance ocurre en el contexto de una agitación social marcada por las protestas y paros anunciados por los sindicatos, lo que le otorga una relevancia particular a la reforma dentro de la agenda gubernamental y política nacional.