La Calera, una localidad ubicada a treinta kilómetros de Bogotá y con una población aproximada de 30,000 habitantes, es escenario de una controversia con Coca-Cola por el uso de recursos hídricos. Desde hace 42 años, la multinacional ha tenido una concesión que le permite extraer 3.23 litros de agua por segundo de siete manantiales locales para su planta embotelladora. Sin embargo, esta autorización expiró en diciembre de 2024.
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Ante la cercanía del vencimiento, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) organizó una audiencia pública en la que se debatió la renovación de la concesión solicitada por Coca-Cola para operar otros diez años. La propuesta ha generado preocupación sobre el impacto ambiental y el acceso al agua que enfrentan los habitantes.
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Durante la audiencia, se identificaron dos grandes ejes de inconformidad: la afectación en el suministro de agua para la comunidad y el uso de fuentes vitales para fines industriales. Diversos sectores de la sociedad civil y organizaciones ambientales exigieron que el derecho al consumo humano sea prioritario respecto a la producción de bebidas.
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En el marco de este debate, la CAR restringió a la empresa la extracción solamente en dos de los siete manantiales concedidos inicialmente, decisión que ha incrementado la discusión sobre la viabilidad ambiental y social de continuar la operación. La medida responde, según la autoridad regional, al interés de preservar el equilibrio ecosistémico y garantizar la suficiencia del recurso hídrico para la población local.
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La confrontación entre el municipio y la empresa ha trascendido hacia los medios y las redes sociales, exacerbando posturas encontradas sobre la legitimidad y conveniencia de la prórroga solicitada por Coca-Cola. Tanto la comunidad de La Calera como agrupaciones defensoras del medioambiente sostienen que la prioridad debe ser el acceso al agua potable para los 30,000 residentes, por encima de las demandas del sector industrial.