La Fiscalía de Jalisco ha divulgado un inventario de 1,308 objetos hallados en el rancho Izaguirre, una presunta base de operaciones del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ubicado en ese estado. Según la investigación, este rancho habría funcionado como un centro de exterminio. Los objetos fueron inicialmente descubiertos el 5 de marzo de 2025 por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, cuya labor se centra en la búsqueda de personas desaparecidas.
Entre los objetos encontrados y clasificados se incluyen 305 pantalones, 195 boxers, 168 playeras, 143 cobijas (de las cuales 65 son del mismo diseño: grises y a cuadros), 154 pares de zapatos, 14 vestidos, 3 faldas y 3 sujetadores. También se encontraron prendas de talla infantil, restos óseos, hornos crematorios y varias fosas clandestinas. Los artículos fueron cuidadosamente fotografiados y colocados sobre lonas de plástico para su análisis.
La relevancia de este hallazgo radica en que las familias de más de 124,000 personas desaparecidas en México, cifra oficial, han comenzado a examinar este inventario como parte de sus esfuerzos por localizar a sus seres queridos. El hecho de que el rancho Izaguirre haya sido cateado previamente en septiembre de 2024 por la Guardia Nacional y la Fiscalía de Jalisco añade contexto a la investigación en curso, que también incluye testimonios estremecedores de sobrevivientes. Estos relatan experiencias de reclutamiento forzado, torturas, violaciones y asesinatos perpetrados por el CJNG.
México enfrenta la monumental tarea de lidiar con más de 5,600 fosas clandestinas descubiertas hasta la fecha. La publicación del inventario del rancho Izaguirre, con todos los objetos registrados, establece un marco inédito en la respuesta institucional hacia la identificación e investigación de desapariciones forzadas. Sin embargo, la Fiscalía aclara que la presencia de estos objetos no confirma de manera automática la identidad o el destino de las víctimas.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum ha anunciado una serie de medidas destinadas a combatir la crisis de desapariciones en el país. Estas incluyen la unificación de registros nacionales de identificación y la equiparación jurídica del delito de desaparición con el de secuestro, lo que busca fortalecer los mecanismos legales y operativos en esta materia. Asimismo, se ha hecho un llamado directo a las familias de los desaparecidos para revisar el listado y aportar en los procedimientos de identificación, siempre con la advertencia de las limitaciones inherentes al método.
El rancho Izaguirre se ha convertido en un símbolo sombrío del alcance de la violencia perpetrada por grupos delictivos organizados y de los obstáculos que enfrentan las autoridades y colectivos en la búsqueda de personas desaparecidas. Este caso pone en evidencia tanto la magnitud del problema como los avances necesarios en las investigaciones hacia las víctimas y la justicia.
En solo una década, México ha alcanzado la cifra de más de 124,000 personas desaparecidas oficialmente reconocidas, un registro que equivale a casi el 0.1% de la población total del país.