La investigación penal sobre el fraude con la criptomoneda $Libra, promovida públicamente por el presidente de Argentina, Javier Milei, avanza con la solicitud formal de la jueza María Servini al Banco Central para acceder a los movimientos bancarios de Milei, su hermana Karina Milei, y de Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales, implicados en la causa desde su inicio el 14 de febrero de 2025.
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La criptomoneda $Libra se ofertó inicialmente a 0,01 dólares por unidad, mientras que se llegó a vender a 5 dólares tras la promoción realizada por Milei a través de su cuenta en la red social X. Estas transacciones generaron utilidades estimadas en más de 100 millones de dólares. Tras la venta masiva, el valor de $Libra se desplomó, perjudicando a miles de inversores en distintas partes del mundo.
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Como parte de las medidas cautelares, se dispuso la inhibición de bienes y activos de Novelli, Terrones Godoy y Morales por un período de 90 días. Además, familiares de Novelli están bajo sospecha de haber vaciado varias cajas de seguridad bancarias al día siguiente de producida la estafa, lo que motivó el pedido judicial de rastreo del patrimonio de todos los investigados desde 2023 hasta la fecha.
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Las diligencias judiciales también indagan el papel de Novelli y Terrones Godoy, quienes habrían vinculado a Milei con Hayden Davis, identificado como el principal creador de $Libra, y con Julian Peh, empresario singapurense incluido entre los implicados. Según la denuncia, los mayores poseedores de la criptomoneda liquidaron sus participaciones inmediatamente después de la mencionada promoción presidencial, lo que precipitó el colapso del activo digital.
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En paralelo a la causa penal, avanza una demanda civil presentada por un grupo de afectados que exige un resarcimiento económico de 4,5 millones de dólares. A pesar de haber sido convocados a una instancia de mediación, ni Milei ni su hermana comparecieron, y sus abogados tampoco acudieron a la cita.
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En el ámbito político, la Cámara de Diputados argentina conformó una comisión investigadora sobre el caso, que ha citado sin éxito al jefe de gabinete Guillermo Francos y a los titulares de las carteras de Justicia y Economía, quienes no se presentaron a las sesiones programadas. Por otra parte, el Poder Ejecutivo informó la creación de una unidad especial de investigación dependiente directamente de la Presidencia.
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Las actuaciones sobre el caso $Libra continúan activas, tanto en el fuero judicial como en el Legislativo, con múltiples líneas abiertas en torno al posible enriquecimiento ilícito y la afectación patrimonial de los involucrados.