La barra estatal de California reconoció que 23 de las 171 preguntas de opción múltiple evaluadas en el examen de abogacía de febrero de 2025 fueron desarrolladas por el psicométrico independiente ACS Ventures utilizando inteligencia artificial. Las restantes 100 preguntas fueron elaboradas por Kaplan Exam Services y 48 fueron extraídas de evaluaciones previas de estudiantes de primer año de derecho.
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El examen estuvo marcado por graves inconvenientes técnicos. Numerosos aspirantes informaron interrupciones en la plataforma de pruebas, bloqueos antes de iniciar el examen, retrasos en la visualización, mensajes de error y fallas al guardar los ensayos. Estas dificultades impidieron que varios examinados completaran el proceso, lo que llevó a la barra estatal a solicitar a la Corte Suprema de California la revisión de los criterios de calificación.
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La utilización de inteligencia artificial en la elaboración de preguntas provocó objeciones en el ámbito académico. Mary Basick, asistente del decano de habilidades académicas en la Universidad de California, Irvine, manifestó preocupación por un posible conflicto de interés, dado que los mismos equipos responsables del desarrollo de las preguntas también fueron quienes evaluaron su fiabilidad.
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Por parte de la barra estatal, Leah Wilson, directora ejecutiva, defendió la validez del examen, enfatizando que todas las preguntas—incluidas las generadas por IA—fueron revisadas previamente por paneles de validación de contenido y expertos en la materia antes de su utilización.
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El contexto financiero jugó un papel determinante en la organización del examen. El organismo enfrentó un déficit presupuestario de 22 millones de dólares en su fondo general, motivo por el cual implementó un nuevo modelo híbrido de evaluación, combinando pruebas presenciales y remotas. Además, la barra contrató a Kaplan para el desarrollo de las preguntas como parte de las medidas de contención de gastos.
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La Corte Suprema de California ha instado a la barra a analizar más a fondo el impacto de la inteligencia artificial y otras tecnologías en la fiabilidad y el costo de los exámenes. La controversia surgida ha intensificado el escrutinio sobre la calidad y el rigor en la certificación profesional de abogados en el estado y sobre el alcance de la inteligencia artificial en áreas críticas de evaluación profesional.