Durante la sesión del Consejo de Ministros celebrada el 28 de abril de 2025, el presidente colombiano, Gustavo Petro, ordenó a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) gestionar ante Estados Unidos la entrega de todas las pruebas vinculadas al caso Odebrecht, específicamente aquellas relativas a confesiones aún no judicializadas en Colombia. Petro denunció que la ANI, institución considerada víctima de los actos de corrupción, se ha abstenido de solicitar este material probatorio, lo que -según el mandatario- podría interpretarse como un acto de complicidad en el encubrimiento de los hechos.
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La instrucción presidencial abarca la totalidad de las pruebas relacionadas con las declaraciones de exfuncionarios y contratistas colombianos mencionados en los procesos estadounidenses, con énfasis en garantizar que estos testimonios sean utilizados en la judicialización de los responsables en el país. Petro insistió en que la transparencia y el acceso a la información son esenciales para enfrentar la impunidad y para esclarecer las irregularidades presentadas en los megaproyectos de infraestructura de las administraciones anteriores.
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El escándalo de Odebrecht, que afecta a 12 países en América Latina, expuso una red de sobornos por más de 11 millones de dólares, cifra con la que la constructora brasileña aseguró contratos públicos en al menos dos décadas de operaciones irregulares. En Colombia, las investigaciones establecen que solo en este país se distribuyeron más de 80.000 millones de pesos en sobornos para la obtención y adjudicación de obras estatales.
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La Fiscalía General de la Nación reporta hasta el momento 74 imputaciones y la emisión de 11 sentencias condenatorias en casos relacionados con Odebrecht. El presidente subrayó que aún persisten altos funcionarios implicados, incluyendo expresidentes, que no han enfrentado procesos judiciales según las evidencias recogidas por otras jurisdicciones.
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María Fernanda Rojas, ministra de Transporte, manifestó el respaldo institucional a la medida y aseguró que desde su despacho se garantizará la transparencia en la gestión de la ANI y la presentación de todas las declaraciones obtenidas, facilitando a las autoridades judiciales el análisis de la ruta de los sobornos.
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Petro concluyó que Colombia, pese a la magnitud del caso y al impacto en la región, avanza de manera rezagada en la judicialización de los hechos, motivo por el cual la gestión activa de la ANI frente a la solicitud y radicación de pruebas es una responsabilidad ineludible para esclarecer la verdad y fortalecer el control institucional sobre los contratos públicos.