Ana Catalina Noguera, quien fuera una fiscal de confianza durante la administración de Néstor Humberto Martínez, enfrenta graves acusaciones relacionadas con la corrupción y el narcotráfico. Según las investigaciones, Noguera, junto con otros servidores públicos cuyas identidades aún no se han revelado, conformó una red criminal que buscaba a personas con casos judiciales pendientes, incluidos narcotraficantes, con el propósito de solicitarles grandes sumas de dinero. A cambio, les ofrecían soluciones a su situación judicial, prometiendo no arrestarlos o no extraditarlos a Estados Unidos.

Las pruebas presentadas por la Fiscalía incluyen fotografías de reuniones en las que participó Noguera. Una de las imágenes que más llamó la atención de las autoridades fue tomada en una finca en Puerto Boyacá, propiedad de Gabriel Puerta Parra, exintegrante del Cartel del Norte del Valle. En esta foto, Noguera aparece junto a Puerta Parra, el exnarcotraficante Ignacio Álvarez Meyendorff y Paula Andrea Espinoza Ángel, quien fue investigada por el CTI y fue una de las funcionarias de confianza de Noguera cuando esta última dirigía Finanzas Criminales de la Fiscalía.

El 7 de noviembre, se llevará a cabo una audiencia para determinar la duración de la condena de Noguera y si deberá cumplirla en prisión o bajo arresto domiciliario. Esta condena se produce después de que Noguera aceptara cargos por corrupción, lo que ha generado un gran revuelo en el ámbito judicial y político del país.

La exfiscal también ha sido señalada de haber sostenido una relación amorosa con un narcotraficante y de haberse reunido con otros criminales para pactar acuerdos ilícitos. Estas acusaciones ponen de manifiesto la profunda corrupción que puede infiltrarse en las más altas esferas del sistema judicial, y el caso de Noguera se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la impunidad en Colombia.