Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial y senador, fue víctima de un atentado el 7 de junio de 2025 en Bogotá, cuando fue baleado durante un evento político realizado en un parque del barrio Modelia, al occidente de la capital. Según los informes, Uribe recibió tres disparos, uno de ellos en la cabeza, mientras dirigía su discurso ante unos 250 asistentes.
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Tras el ataque, el senador fue trasladado inconsciente y en estado crítico a la clínica Medicentro de Fontibón. Allí permaneció alrededor de dos horas, donde los médicos lograron reanimarlo durante un periodo de entre 35 y 45 minutos y detuvieron el sangrado causado por las heridas de bala en la cabeza. Posteriormente, fue remitido a la clínica Santa Fe para ser sometido a una cirugía especializada por el cirujano José Antonio Hakim Tawil, experto en cabeza y cuello.
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La esposa del político, María Claudia Tarazona, recurrió a las redes sociales para pedir oraciones por la vida de Uribe, resaltando la gravedad de su estado. El gobierno colombiano manifestó que el ataque representa un "ataque a la democracia" y a la libertad de expresión, una posición que fue respaldada por diversas voces del ámbito político que exigieron el esclarecimiento de los hechos y justicia para los responsables.
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Las autoridades detuvieron en el lugar del atentado a un menor de 15 años que intentó huir tras perpetrar el ataque. Según el director de la Policía Nacional, general Carlos Fernando Triana, el joven agresor también resultó herido en una pierna durante el incidente y fue trasladado a la Clínica Colombia. Durante su captura, el menor exclamó "yo le doy los números", indicando que poseía información acerca de quienes lo contactaron para ejecutar el atentado. Además del senador Uribe y el agresor, otra persona resultó herida en el ataque.
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La fiscal general, Luz Adriana Camargo, informó que se incautó un arma de fuego calibre 9 milímetros utilizada en el hecho. Paralelamente, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció una recompensa de $3.000 millones de pesos colombianos para quienes aporten datos que permitan esclarecer la autoría intelectual y material del atentado.
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Este suceso constituye el tercer atentado registrado contra candidatos presidenciales en Colombia en lo que va del siglo, lo que agrava la preocupación por la seguridad de los participantes en la contienda política nacional. El acto fue condenado de manera unánime por distintos sectores y activó de inmediato los protocolos de respuesta de los organismos de seguridad e investigación correspondientes.