El atentado contra Miguel Uribe Turbay ocurrió en el parque El Golfito del mencionado sector de Bogotá alrededor de las 17:00 horas locales. Uribe, de 39 años, recibió dos impactos de bala: uno en el muslo izquierdo y uno en la cabeza. Tras el ataque, fue trasladado de inmediato a la clínica Fundación Santa Fe, donde fue sometido a procedimientos neuroquirúrgicos y permanece en cuidados intensivos, bajo estado de “máxima gravedad” y con pronóstico reservado, según el parte médico.
‍

‍
El agresor, un joven de 15 años, fue capturado en el lugar. Las autoridades incautaron una pistola Glock calibre 9 milímetros con la que se perpetró el atentado. Además de Uribe Turbay, la acción violenta dejó heridas a dos personas más, un hombre y una mujer que se encontraban en el lugar del evento.
‍

‍
El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, ofreció una recompensa de 3.000 millones de pesos colombianos (unos 728.000 dólares estadounidenses) a quienes proporcionen información que permita identificar y capturar a otros posibles responsables o autores intelectuales del ataque.
‍

‍
Este hecho ha revivido episodios del pasado violento del país, especialmente durante el periodo entre 1986 y 1990, en el que Colombia perdió a cinco candidatos presidenciales asesinados, incluyendo a tres durante la campaña de 1990. La familia de Uribe Turbay ha sido víctima de esa ola de violencia: su madre, Diana Turbay, fue secuestrada y asesinada en 1990 por un grupo armado relacionado con el narcotráfico.
‍

‍
El presidente Gustavo Petro, con quien Uribe Turbay ha sostenido notorias diferencias políticas, condenó el atentado de manera contundente y lo describió como un “fracaso del Estado”. Petro también afirmó que se investigarán eventuales fallos en los protocolos de seguridad y la posible existencia de actores intelectuales tras el ataque.
‍

‍
La comunidad internacional reaccionó con rapidez. El gobierno de España emitió un comunicado de condena, al igual que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Rubio atribuyó el atentado a un clima de retórica violenta proveniente, según sus declaraciones, desde los más altos niveles del gobierno colombiano, declaración que generó repercusión en medios internacionales.
‍

‍
El atentado ha suscitado un fuerte llamado a la condena de la violencia política en Colombia y a la unidad entre sectores políticos y sociales del país.