El atentado contra Miguel Uribe Turbay se produjo en horas de la mañana del 7 de junio de 2025, cuando el precandidato presidencial del partido Centro Democrático transitaba por el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá. Según informes oficiales, Uribe recibió múltiples disparos en la cabeza y fue trasladado de urgencia a un hospital, donde permanece bajo observación médica en condición crítica. La persona que realizó los disparos fue capturada en el lugar de los hechos y está bajo custodia de las autoridades.

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El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó la detención del agresor minutos después del ataque e indicó que toda la red hospitalaria de la capital fue puesta en estado de alerta para asegurar la atención médica y cualquier eventual traslado de Uribe. Posteriormente, Galán se reunió con la cúpula policial para coordinar las medidas de seguridad en la ciudad tras el atentado.

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El expresidente Álvaro Uribe Vélez, fundador del Centro Democrático, manifestó públicamente su preocupación por el estado de salud de Miguel Uribe y calificó al candidato como "una esperanza de la Patria". La reacción en la arena política fue inmediata. El presidente Gustavo Petro repudió el atentado, instando a respetar la vida y recalcando que Colombia no debe continuar con ciclos de violencia. La canciller Laura Sarabia fue la primera integrante del gabinete en pronunciarse, condenando la agresión y expresando su deseo por la recuperación de Uribe Turbay.

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Otras figuras políticas, como el expresidente Iván Duque y la senadora María Fernanda Cabal, condenaron el ataque y exigieron garantías concretas para la vida y la participación de la oposición política. Tanto la exalcaldesa de Bogotá Claudia López como la senadora María José Pizarro llamaron a la unidad política para rechazar la violencia. El hecho revive recuerdos de los magnicidios de la campaña electoral de 1990, cuando Colombia perdió a tres candidatos presidenciales a manos de la violencia.

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Por instrucción del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se ofreció una recompensa de 3.000 millones de pesos por información sobre los responsables del atentado, y se llevó a cabo una reunión extraordinaria con la cúpula militar y policial para abordar acciones inmediatas frente a la situación.

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En un comunicado, el Gobierno calificó el atentado no solo como una agresión a la integridad personal de Miguel Uribe Turbay, sino como un ataque directo contra la democracia y la libertad de pensamiento en el país. El Estado reiteró su compromiso con la protección de todos los líderes políticos y llamó a realizar una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y garantizar justicia.

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El atentado contra el precandidato ha desencadenado una oleada de condenas y solicitudes de acción en todos los sectores políticos, evidenciando la necesidad de medidas efectivas para proteger la vida de quienes participan en la contienda electoral y haciendo un llamado a garantizar la convivencia democrática en Colombia.