El suroccidente de Colombia se vio sacudido por actos de violencia masiva ejecutados en los municipios de Morales, ubicado en el Cauca, y Jamundí, en el Valle del Cauca. El ataque en Morales incluyó la detonación de explosivos en la estación de policía y el Banco Agrario, resultando en la muerte de los patrulleros Jaime Andrés Calderón Reyes y Diego David López Rodríguez. Las explosiones, además de causar la pérdida de vidas, facilitaron el robo de 50 millones de pesos. Por su parte, en Jamundí, una motobomba situada cerca de la estación de policía estalló hiriendo a 12 personas, entre ellos oficiales y menores de edad.
Las autoridades han atribuido estos atentados al frente Jaime Martínez, una disidencia de las extintas FARC. En respuesta, el alcalde de Morales, Óscar Yamid Guachetá, pidió mayor respaldo del gobierno nacional para atender las necesidades en seguridad, infraestructura, educación y vivienda. El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, se sumó a las críticas solicitando una intervención más robusta ante la creciente violencia en la región.
Estos eventos han generado una atmósfera de tensión y preocupación entre los habitantes del suroccidente colombiano, exigiendo una respuesta clara y eficaz de parte del Estado. La comunidad ha mostrado un gran temor e incertidumbre ante la capacidad de las autoridades para responder de manera adecuada a esta ola de violencia. Ante este panorama, la seguridad y la estabilidad regional se encuentran en el centro del debate público.