El 17 de abril de 2025, un vehículo cargado con explosivos fue detonado frente a la estación de Policía del corregimiento de Mondomo, jurisdicción de Santander de Quilichao, en el norte del departamento del Cauca, Colombia. El ataque resultó en la muerte de al menos una persona y dejó al menos tres personas heridas, quienes fueron remitidas de inmediato a centros médicos cercanos. Según reportaron las autoridades, ningún uniformado sufrió heridas graves, aunque varios presentaron signos de aturdimiento debido a la onda expansiva.

La explosión ocasionó daños materiales significativos en la estación policial y en viviendas aledañas, intensificando la vulnerabilidad de los habitantes de la zona. Este atentado formó parte de una serie de hechos violentos ocurridos en menos de 24 horas en el departamento, durante los cuales se perpetraron tres ataques con artefactos explosivos. En total, estos incidentes dejaron dos fallecidos, un militar herido y cinco civiles afectados por las detonaciones.

El alcalde de Santander de Quilichao, Luis Eduardo Grijalba, rechazó enérgicamente el ataque y urgió al Gobierno Nacional y a las fuerzas de seguridad a establecer medidas concretas que garanticen la protección de la población. Por su parte, el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, calificó el hecho como inadmisible y requirió una respuesta inmediata ante la situación de orden público.

Las investigaciones preliminares señalan como posible responsable al frente Jaime Martínez, una de las disidencias de las FARC que actúa en la región y que, de acuerdo con las autoridades, estaría involucrada en actividades relacionadas con el narcotráfico y el terrorismo. Hasta la fecha, ningún grupo ilegal se ha atribuido el atentado.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ofreció una recompensa de hasta 300 millones de pesos para quienes proporcionen información que permita localizar y capturar a los responsables. Las autoridades mantienen la vigilancia en el departamento del Cauca, donde la intensificación de la violencia protagonizada por grupos armados ilegales continúa afectando a la población civil y a las fuerzas del orden en el suroccidente colombiano.