El 16 de agosto de 2024, las fuerzas de seguridad colombianas revelaron un complot para atentar contra el Palacio de Justicia en Bogotá. La alerta fue dada tras descubrir explosivos y una maqueta detallada del edificio durante allanamientos en los barrios El Mochuelo y El Cortijo, ubicados en el sur de la capital. En las operaciones realizadas por la Policía Nacional, los agentes encontraron 68 cartuchos de munición, chalecos, explosivos, planos del edificio y fotos de la maqueta, entre otros elementos.
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Estos allanamientos fueron realizados como parte de una investigación liderada por la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales de la Fiscalía General de la Nación. La información y las pruebas incautadas apuntan hacia un plan meticuloso para atacar uno de los símbolos más representativos del sistema judicial colombiano.

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En respuesta, la Sala de Gobierno de la Corte Suprema de Justicia convocó a una reunión urgente con varias autoridades para evaluar las amenazas y ordenar el refuerzo de las medidas de seguridad no solo en el Palacio de Justicia, sino también en otras sedes judiciales importantes. Entre las medidas implementadas, Gerson Chaverra, presidente de la Corte Suprema, anunció el incremento de controles vehiculares a través de la instalación de vallas de seguridad en torno a los edificios judiciales.
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Este suceso se presenta en un contexto histórico particularmente sensible para Colombia. La alerta se intensificó debido al recuerdo vívido de la toma y retoma del Palacio de Justicia por parte del grupo guerrillero M-19 el 6 y 7 de noviembre de 1985, un evento trágico que dejó marcada a la nación.
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Actualmente, las autoridades mantienen un alto estado de alerta en el interior de los altos tribunales y continúan recopilando información para identificar a los posibles responsables del plan de atentado. Hasta el momento, no se han anunciado detenciones relacionadas con los hallazgos, pero la investigación sigue en curso y las fuerzas de seguridad permanecen vigilantes para prevenir cualquier amenaza similar.
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La comunidad judicial y la ciudadanía en general están siguiendo de cerca el desarrollo de estos eventos, esperando que las medidas de seguridad adicionales implementadas eviten cualquier posible ataque y protejan la integridad de las instituciones judiciales del país. Desde la toma y retoma del Palacio de Justicia en 1985, se han implementado diversas medidas de seguridad para proteger los edificios judiciales en Colombia. El evento de 1985 es recordado como uno de los más trágicos en la historia del país, con un saldo de más de 100 muertos, entre ellos 11 magistrados.