El 19 de mayo de 2025, la abogada Ruth López, figura destacada de la organización de derechos humanos Cristosal, fue detenida en El Salvador bajo acusación de "peculado" por hechos presuntamente cometidos hace una década relacionados con su labor en un tribunal electoral. López se encontraba liderando la defensa de familias de 252 ciudadanos venezolanos, deportados desde Estados Unidos durante la administración de Donald Trump y recluidos en el penal de alta seguridad Cecot desde el 15 de marzo de 2025. Actualmente, se contabilizan cerca de 260 hombres venezolanos permaneciendo en esa cárcel.
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La detención de López fue ejecutada tras una orden de la Fiscalía General y se inscribe en un clima de creciente represión bajo el gobierno de Nayib Bukele. Desde la implementación del estado de excepción en 2022, se han producido aproximadamente 85,000 detenciones, principalmente de jóvenes, muchas de ellas sin respetar el debido proceso legal.
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Desde el arresto de López, tanto su familia como su equipo legal reportaron la imposibilidad de conocer su paradero, situación denunciada por Cristosal como una transgresión a los derechos fundamentales y a las normas internacionales sobre protección judicial.
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En el mismo contexto, el mismo día de la detención de López, renunció sin explicación pública Andrés Guzmán, quien ostentaba el cargo de comisionado presidencial para derechos humanos y libertad de expresión.
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La presión del gobierno sobre la sociedad civil y la prensa ha generado la salida del país de al menos siete periodistas del medio de investigación El Faro, luego de recibir información sobre eventuales órdenes de arresto en su contra. Adicionalmente, el ejecutivo propuso un impuesto del 30% a las contribuciones destinadas a las ONG, replicando legislaciones restrictivas vistas en Nicaragua.
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Esta escalada de medidas ha motivado pronunciamientos de organizaciones internacionales manifestando preocupación por un ambiente de hostigamiento que pone en riesgo las garantías de libertad y derechos humanos en El Salvador. Dichos organismos también han instado a autoridades de Estados Unidos a ejercer presión diplomática para que el gobierno salvadoreño cese las acciones contra defensores de derechos humanos y líderes de la sociedad civil.
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El caso de los venezolanos deportados también ha suscitado críticas, luego de que Estados Unidos alcanzara un acuerdo para financiar a El Salvador por la manutención de estos migrantes en su sistema carcelario. Esta política permanece bajo escrutinio de organismos de derechos humanos tanto en Estados Unidos como en El Salvador, en un contexto de persistentes restricciones a la labor de organizaciones defensoras de derechos en el país centroamericano.