La administración Trump solicitó recientemente, mediante una nota diplomática, la liberación del migrante salvadoreño Kilmar Armando Abrego García a funcionarios de El Salvador, conforme a un mandato de la Corte Suprema estadounidense que exigía acciones para facilitar su salida de custodia. Según tres fuentes cercanas al caso, el gobierno de Nayib Bukele decidió no acceder al pedido, justificando su respuesta en que Abrego García debía permanecer en territorio salvadoreño por ser ciudadano de ese país.
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El episodio ocurre tras el reconocimiento por parte de funcionarios estadounidenses de que la expulsión de Abrego García a El Salvador el pasado 15 de marzo fue un error administrativo y se realizó en abierta contravención de una orden judicial federal que prohibía su deportación. El caso, actualmente bajo la supervisión de la jueza Paula Xinis en el Tribunal Federal del Distrito de Maryland, se transformó en una investigación para determinar si la administración Trump actuó de mala fe al no acatar las directrices judiciales sobre el procedimiento debido a seguir con el migrante.
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Pese al envío de la nota diplomática y conversaciones entre el Departamento de Estado y autoridades salvadoreñas, la postura de ambos gobiernos se mantiene distante. Mientras Estados Unidos afirma haber "entablado conversaciones diplomáticas apropiadas", el presidente Bukele reiteró su negativa a liberar a Abrego García, calificándolo de "terrorista extranjero designado" y alegando su pertenencia a la pandilla MS-13, según declaró la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.
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El presidente Trump, en una entrevista con ABC News, sostuvo que su gobierno tenía la facultad de repatriar a Abrego García pero manifestó que sus abogados optaron por no hacerlo. Declaró: "No soy yo quien toma esta decisión. Tenemos abogados que no quieren hacerlo". Esta declaración se produjo horas después de que Trump contradijera posicionamientos previos de su administración acerca de la viabilidad de su retorno.
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La jueza Xinis había iniciado la investigación mediante un proceso acelerado de dos semanas, el cual fue suspendido temporalmente a raíz de una solicitud de prórroga de parte de la administración Trump. Sin embargo, tras una nueva solicitud de extensión presentada por el Departamento de Justicia, el miércoles pasado la jueza la rechazó tras una audiencia judicial sellada. Como resultado, el gobierno estadounidense quedó obligado a proporcionar, el lunes próximo, detalles precisos a los abogados de Abrego García sobre quién autorizó su detención en El Salvador y sobre las acciones ejecutadas y previstas por la Casa Blanca para lograr su liberación. Los abogados también interrogarán, a más tardar el 9 de mayo, a cuatro asesores clave del presidente Trump, incluido Michael G. Kozak, funcionario del Departamento de Estado.
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En contraste con las gestiones diplomáticas, la administración Trump ha expresado públicamente su reticencia a traer de regreso a Abrego García y ha buscado reforzar su postura utilizando imágenes de los tatuajes del migrante difundidas en redes sociales, vinculándolo presuntamente a la MS-13; no obstante, expertos en pandillas han cuestionado la fiabilidad de estos símbolos como prueba concluyente de afiliación.
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Abrego García ingresó sin autorización a Estados Unidos en 2012 y fue arrestado en 2019 en Maryland. En octubre de ese año, un juez de inmigración determinó que no debía ser deportado por riesgo de violencia o persecución de la pandilla Barrio 18, permitiéndole permanecer en Estados Unidos con un permiso de trabajo. Sin embargo, fue deportado en marzo, acción que el propio gobierno describe en documentos judiciales como un "error administrativo".
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El Departamento de Justicia ha argumentado en tribunales que cumpliría la orden de la Corte Suprema permitiendo el ingreso de Abrego García a Estados Unidos solo si llegara voluntariamente a un puerto de entrada, mientras que Stephen Miller, asesor de política interna, y la fiscal general Pam Bondi indicaron que la responsabilidad de su liberación recae únicamente en el gobierno salvadoreño.
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El caso ha provocado gran controversia legal y diplomática, marcando una nueva etapa en la relación entre la administración Trump y el gobierno de Bukele en torno a la cooperación y cumplimiento de compromisos judiciales internacionales en materia de derechos migratorios.