El 7 de junio de 2025, el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay fue víctima de un atentado en el que sufrió heridas de bala en la cabeza y la pierna. Actualmente permanece hospitalizado con pronóstico reservado. Ante estos hechos, su familia presentó una denuncia formal contra Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), señalándolo por omisión al no haber reforzado la seguridad de Uribe pese a reiteradas alertas.
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Según la denuncia, la UNP rechazó más de 20 solicitudes para aumentar el esquema de seguridad del político, aun cuando desde 2023 éste había sido clasificado con riesgo extraordinario. Al momento del ataque, Uribe contaba con un esquema de seguridad que incluía siete escoltas y dos vehículos blindados. No obstante, el día del atentado, el número de escoltas fue reducido de siete a tres, hecho que fue calificado por el presidente Gustavo Petro como una disminución “extraña”.
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De acuerdo con la información, ya desde el 5 de junio —dos días antes del atentado— existían advertencias de la necesidad imperante de reforzar el esquema de protección de Uribe. El atentado ocurrió el 7 de junio; en respuesta, un joven de 15 años fue detenido e investigado por los delitos de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas.
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La fiscal general, Luz Adriana Camargo, señaló que no existían denuncias previas de amenazas contra Uribe. Sin embargo, la Fiscalía abrió investigación para determinar si el Estado incurrió en indefensión del precandidato al no garantizar las condiciones de seguridad adecuadas.
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La situación ha generado fuertes reacciones políticas. El partido Centro Democrático, al cual pertenece Uribe, acusó públicamente a la UNP de una omisión “sistemática y negligente” en la protección de sus líderes. Su director, Gabriel Jaime Vallejo Chujfi, exigió la adopción inmediata de medidas efectivas para garantizar la seguridad de los dirigentes del partido.
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La denuncia de la familia de Uribe Turbay exige aclarar la responsabilidad del Estado en la protección de candidatos y líderes políticos, especialmente cuando se han emitido advertencias documentadas sobre su nivel de riesgo.