El Hospital San Lucas, ubicado en El Molino, La Guajira, se encuentra en el centro de un escándalo por corrupción y mal manejo de recursos, con un total de 7.224.939.737 pesos embolatados. Estos fondos fueron asignados por el Ministerio de Salud para la construcción de infraestructura en el hospital según la Resolución 933 de 2023, ratificada posteriormente por la Resolución 977 del 20 de junio, para mejorar servicios de consulta externa, apoyo diagnóstico, atención del parto y áreas administrativas.
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La asignación de estos recursos forma parte de un paquete de más de 230.000 millones de pesos aprobado en 2023 para mejorar la capacidad de los servicios de salud en Colombia, beneficiando a 20 hospitales en diferentes municipios.
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El contrato para la ejecución de estas obras fue adjudicado al Consorcio Hospital San Lucas (NIT: 901.744.652-3), representado por Robinson Junior Aricapa Pérez, con un valor total de 6.748.616.530 pesos. El plazo inicial del contrato era de seis meses a partir del 25 de septiembre de 2023. Sin embargo, varios retrasos han afectado la entrega de las obras: se suspendió el 3 de octubre, fue reiniciado el 15 de diciembre y nuevamente suspendido el 28 de diciembre, con una nueva fecha de entrega establecida para el 29 de julio de 2024.
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Según un informe de la interventoría del 31 de mayo, se determinó que el avance de la obra era solo del 13,56%, lo que representaba un retraso del 90,50% a una semana de la fecha de entrega. El daño económico por el anticipo no ejecutado se estima en 2.459.195.864 pesos, junto con una sanción penal de 1.349 millones de pesos.
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Ante la situación, el Ministerio de Salud solicitó la devolución de los 7.224 millones de pesos en un plazo de cinco días hábiles, tras determinar que el retraso en la ejecución del contrato era del 86,26% al 7 de julio. El monto embolatado en el Hospital San Lucas representa aproximadamente el 3,1% del paquete total de más de 230.000 millones de pesos destinado a mejorar la capacidad de los servicios de salud en varias regiones de Colombia.
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La situación se complica con la senadora Martha Peralta, quien ha sido señalada por su posible relación con el contratista. En redes sociales, se le atribuyó la gestión de los recursos para las obras del hospital, a lo que Peralta respondió que no conoce al contratista y que su trabajo como congresista es abogar por el hospital.
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Hasta el momento, la dirección del Hospital San Lucas no ha emitido una respuesta oficial sobre la solicitud de devolución de los recursos ni sobre la situación del contrato. La comunidad local expresa su preocupación y cuestiona el paradero de los 7.224 millones y la falta de avances en las obras.