El viernes 25 de abril de 2025, el juez federal Terry A. Doughty, del Tribunal Federal del Distrito Oeste de Luisiana, manifestó su preocupación por la deportación a Honduras de una niña ciudadana estadounidense de 2 años, identificada en documentos judiciales solo como VML. La menor fue deportada junto a su madre, Jenny Carolina López Villela, y su hermana mayor, Valeria, a pesar de que el padre de la niña presentó una petición de emergencia ante el tribunal el jueves previo para impedir la salida del país de la menor.
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El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) detuvo a la madre y a sus hijas el martes, cuando acudieron a una cita de inmigración en Nueva Orleans. La Sra. López Villela tenía programada una deportación acelerada para el viernes, fecha en la que las tres fueron trasladadas fuera del país. Durante el proceso, funcionarios federales informaron que la madre había manifestado su deseo de retener la custodia de VML y llevarla con ella a Honduras.
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No obstante, la petición presentada el jueves por la tutora de la menor, Trish Mack, argumenta que la niña fue deportada contra los deseos de su padre y, de acuerdo a la información aportada, sin el debido fundamento legal para justificar la detención y deportación de una ciudadana estadounidense. El documento relata que en una conversación breve entre el padre y la Sra. López Villela, el hombre recordó a la madre que su hija era estadounidense y que no podía ser deportada; sin embargo, la llamada habría sido cortada por los funcionarios presentes antes de que pudiera proporcionarle el número telefónico de un abogado.
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El juez Doughty señaló que intentó, por medio de una llamada telefónica alrededor del mediodía del viernes, establecer comunicación directa con la Sra. López Villela para evaluar su consentimiento y derechos de custodia. Sin embargo, para ese momento, un avión que transportaba al grupo ya sobrevolaba el Golfo de México y, posteriormente, un abogado del Departamento de Justicia confirmó al tribunal, a las 13:06, que la madre y sus hijas habían sido liberadas en Honduras.
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Además de ordenar una audiencia para el 16 de mayo para examinar estos hechos, el juez Doughty expresó en su resolución una “fuerte sospecha de que el gobierno acaba de deportar a un ciudadano estadounidense sin ningún proceso significativo”, cuestionando la legalidad y constitucionalidad de la acción por parte de la administración Trump.
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Este caso se suma a otros cuestionamientos en torno a la política de deportaciones bajo el actual gobierno. En los últimos meses, siete jueces federales han frenado expulsiones de migrantes venezolanos acusados de pandillerismo a El Salvador, utilizando una ley de tiempos de guerra. Mientras tanto, el gobierno también generó controversia al expulsar a Kilmar Armando Ábrego García, ciudadano de Maryland, a El Salvador, sin colaborar en su retorno.
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Tanto la Casa Blanca como el Departamento de Seguridad Nacional no emitieron comentarios tras solicitudes sobre este asunto.